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Las personas mayores, con un elevado grado de dependencia en muchos casos, prefieren ser atendidos por profesionales y familiares en su propia casa en lugar de ingresar en residencias.
Y la Ley estatal de Dependencia así lo reconoce al impulsar prestaciones para la atención domiciliaria.
Sin embargo, la Generalitat prefiere seguir defendiendo un modelo residencial que sólo garantiza los convenios con el sector sanitario privado
EL BOLETÍN Uno de los últimos enfrentamientos entre Gobierno central y autonómico ha puesto de actualidad los diferentes modelos de atención social que aplican las administraciones públicas españolas.
Mientras el Ejecutivo socialista impulsa la Ley de Dependencia, más cercana a las demandas de los beneficiarios, la Generalitat Valenciana sigue defendiendo el modelo de residencias concertadas a pesar de representar un mayor coste para la Administración autonómica por su elevada exigencia de recursos públicos.
La Ley de Dependencia entró en vigor en abril de 2007 y contó con el voto a favor del PP en el Congreso. Defiende la prevalencia de la atención domiciliaria: más del 85% de las personas dependientes prefieren ser atendidas en su casa. Y establece que es el sujeto dependiente quien debe decidir el tipo de ayuda que desea recibir.
Frente a ello, la Generalitat no sólo mantiene sino que incrementa el presupuesto destinado a la financiación de plazas en residencias privadas.
Éste es el modelo escogido por la Conselleria de Bienestar Social, dirigida por Juan Cotino, para ampliar la red pública de centros de atención social.
Como pudo comprobarse el 25 de enero de este año cuando el Pleno Consell aprobó la ampliación de un convenio con residencias privadas por 15 años más y un importe total de 436,7 millones de euros (27,7 anuales).
La Ley de Dependencia establece ayudas según el grado de dependencia y contempla prestaciones para costear el ingreso en residencias, centros de día, noche o fin de semana; teleasistencia; servicios de atención domiciliaria y cuidadores (sea o no familia del dependiente), o incluso la contratación de un asistente personal. Pero la ayuda que recoge la ley para el ingreso en residencias es la más elevada (unos 6.000 euros por plaza al año) y la recibe directamente la Generalitat para pagar al centro correspondiente. Sin embargo, las ayudas para atención domiciliaria varían en función de la prestación y son abonadas directamente a la persona dependiente.
Ello explicaría que la gran mayoría de las 6.999 solicitudes de prestación para la dependencia seleccionadas y remitidas al Gobierno por la Conselleria de Bienestar Social sean para ingresos en residencias. De hecho, sólo siete de estas solicitudes son para ayudas a la contratación de personas al cuidado de dependientes.
Por otro lado, desde la conselleria se ha optado por reclamar al Estado la financiación de plazas ya existentes en lugar de primar las nuevas solicitudes.
De este modo consigue financiar gran parte de los costes de la concertación con centros privados. Sólo 230 solicitudes corresponden a nuevos expedientes, mientras que el resto son de personas que ya se encuentran ingresadas en residencias, a las que se les ha realizado la valoración de oficio. El Gobierno central ha aportado un total de 46 millones de euros desde el año 2005 para la atención de personas dependientes, mientras que sólo para 2008 el importe aprobado asciende a 84,2 millones, además de otros importes por diferentes conceptos relacionados con la atención a personas mayores.
La conselleria denuncia que la cuantía a percibir durante este año por parte del ministerio "no alcanzará ni el 20% de los fondos que necesita la Comunitat Valenciana para atender la dependencia".
Y reclaman que el Ejecutivo central asuma el 50% del coste de la aplicación de la ley. Sin embargo, teniendo en cuenta el número de plazas a financiar (1.965 de accesibilidad y 7.180 de bono-residencia) y la cuantía presupuestada para 2007 (17,7 millones de euros para accesibilidad y 37 millones para el bono), las cifras resultan de lo más elocuente.El coste por plaza quedaría en 9.007 euros para las de accesibilidad y 5.163 euros para las del bono-residencia.Con lo que si la aportación estatal asciende a 6.000 euros por plaza residencial al año, la Generalitat tan sólo tendría que abonar unos 3.000 euros por cada plaza de accesibilidad (un 33% del coste), mientras que le sobraría dinero para sufragar las del bono residencia. Con las aportaciones recibidas en concepto de aplicación de la Ley de Dependencia, la Administración autonómica está ingresando un dinero extra por prestaciones que ya estaba realizando y financiando de su bolsillo.
Puesto que no ha presentado nuevos expedientes, no hay nuevos servicios que cubrir. Estos recursos permiten a la Conselleria de Bienestar Social paliar su deuda contraída con los centros geriátricos, que se remonta al ejercicio 2002.
"Se trata de una deuda crónica motivada por una situación de inestabilidad y retraso excesivo en los pagos a las residencias con plazas concertadas por parte de la conselleria", afirma Antonio Torres, portavoz de Dependencia del grupo socialista en las Cortes Valencianas.Dos de cada tres, privadasLo cierto es que de las 14.115 plazas de residencias para personas mayores que cuentan con financiación pública en la Comunitat, sólo 4.970 están en centros públicos, ya sean gestionados directamente por la Generalitat o por una empresa privada a través de concesión administrativa.
Hay otras residencias gestionadas por entidades privadas sin ánimo de lucro, como es el caso de Nuestra Señora del Carmen de Valencia o La Bartola y una residencia asistencial de Cruz Roja en Castellón. O de dependencia municipal, como las de San Antonio de Benagéber, Forcall, Benicarló, Vall d´Uxò o Callosa d´En Sarrià.
Todas ellas cuentan con subvenciones de la Generalitat por un importe total de 3,4 millones de euros para 2007.
De las plazas concertadas existentes, la mayoría (7.180) son en residencias privadas que cuentan con una subvención o prestación económica vinculada al servicio denominada bono-residencia.
De ellas, 1.965 plazas corresponden al plan de accesibilidad o ´Plan Gerontológico para creación de centros públicos´, impulsado en 2001 por el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco.El plan establecía convenios con empresas privadas para la construcción de 72 residencias (de las que se han construido 45).
La conselleria subvencionaría un tercio de las plazas de estos centros por un período de cinco años, prorrogables hasta un total de quince.
Sin embargo, estas residencias se están beneficiando también del programa del bono, con lo que la subvención recibida supera con creces el tercio de las plazas.´Blindaje´ de contratosLa apuesta por el sector sanitario privado sigue siendo fuerte: el Pleno del Consell del pasado 25 de enero aprobó una prórroga de 15 años (en lugar de los cinco que figuraban en el convenio inicial), con una ampliación de los centros concertados para este plan (hasta 52).
La oposición denuncia que se trata de plazas ya existentes y critican el lo que denominan "blindaje" del contrato con centros privados.
Y desde conselleria se destaca la creación de 2.247 nuevas plazas.Se trata de un ejemplo más del modelo de atención social a las personas mayores en el que prevalece la concertación con centros de gestión privada.
Y que contrasta con el cambio de panorama que se está viviendo a nivel nacional. La ley estatal, por tanto, no garantiza igual trato en todo el territorio nacional ya que las competencias en materia de servicios sociales están transferidas a las autonomías y depende de los gobiernos autonómicos el grado de aplicación de la norma estatal.
Existen casos como el de Andalucía (PSOE), donde se han aprobado 3.811 solicitudes para la contratación de cuidadores a personas dependientes.
Situación que contrasta con la de Canarias o Madrid (PP), que no han presentado ninguna solicitud, mientras que Castilla y León (PP) cuenta con una y la Comunitat con siete.También las organizaciones sindicales han denunciado repetidamente la generalización del modelo de ingreso en residencias. Afirman que a las personas dependientes no se les está ofreciendo la opción de ser atendidas en el domicilio, tal y como recoge la ley.
Los sindicatos confiaban en que la entrada en vigor de la norma traería como consecuencia la creación de puestos de trabajo relacionados con el cuidadado de ancianos y otros dependientes.
Pero el negocio se queda, por el momento, en los centros privados...
1 comentario:
Me parece que deci que se opta por residencias geriátricas privadas podría ser un poco tendencioso. Lo importante es saber si quien tiene derecho a recibir el servicio de residencia asistida para personas mayores lo recibe y éste es de calidad. Que el centro específico que presta el servicio sea de la administración, de una fundación o una empresa no sé si es tan relevante si presta atención a los mayores de una forma correcta y econoómica. Hoy día hay residencias de ancianos en Valencia públicas, pero desde 2000 la mayor parte de los mayores que reciben servicio público lo hacen en plazas de accesibilidad y de concierto. Esa tendencia es igual en todas las comunidades autónomas gobierne quien gobierne.
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